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“No podemos vivir en medio del silencio”. Reportaje al historiador español Julián Casanova. Por Martín Granovsky

“No podemos vivir en medio del silencio”
Reportaje al historiador español Julián Casanova. El principal historiador del franquismo informa que los investigadores tienen registrados por lo menos 50 mil fusilados por Franco, detalla que la Iglesia Católica fue monolítica con el franquismo y vuelve a ser monolítica ahora y explica qué hormiguero removió Garzón.
Por Martín Granovsky

La Argentina procesó su pasado de plomo primero con la Justicia que comenzó a actuar con el juicio a las juntas de 1985. Luego, con la interrupción de la investigación judicial, vino la etapa de la memoria. Y la Historia llegó más tarde. Tras la muerte de Francisco Franco y la transición a la democracia, España decidió no hacer justicia y tampoco encaró políticas públicas o particulares de memoria. Los historiadores, en cambio, trabajaron desde un principio. Recién con el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Memoria Histórica España destapó la olla de la dictadura franquista (1936-1975), a lo cual se agregó la intervención judicial de Baltasar Garzón desde el 2008.

Julián Casanova tiene la rara característica de actuar en los tres planos. Es historiador profesional y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Aragón. Escribió, entre otros libros, La Iglesia de Franco y Víctimas de la Guerra Civil, se interesa por las políticas de memoria vinculadas con la educación e interviene con frecuencia en el debate político cotidiano.

En un diálogo telefónico con Página/12 Casanova aceptó ponerse sus tres sombreros.

–El nacional-catolicismo español es parecido al integrismo argentino. Usted investigó a fondo al primero y su relación con el régimen de Franco.

–La Iglesia Católica se comportó como un bloque muy homogéneo durante casi todo el franquismo. Reverdeció el mito medieval y por supuesto no escuchó ni los disparos ni la represión. Pero la situación social a partir de los años ’60 empezó a modificar los esquemas. El éxodo rural a las ciudades fue cambiando las cosas y aparecieron percepciones nuevas. Antes los sacerdotes no tenían conexiones con el mundo obrero. Cuando los campesinos se convierten en obreros de las grandes ciudades también aparecieron las comunidades cristianas de base y los sacerdotes relacionados con los nuevos trabajadores, a veces todos juntos en movimientos de tono asambleario y casi libertario. No olvidemos que ya existía la Teología de la Liberación y que el Concilio Vaticano II funcionó a principios de la década de 1960.

–¿Cómo estaba la Iglesia cuando a fines de 1975 muere Franco y luego con el comienzo de la transición democrática?

–Dividida. Ya no era aquel bloque monolítico.

–¿Por la pastoral obrera?

–No solamente. También había divisiones en la jerarquía. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón apoyó la transición democrática mientras otros dignatarios aún lloraban la muerte de Franco. Al revés de la Iglesia, el ejército sí era todavía un bloque monolítico y estaba dirigido en parte por quienes todavía reivindicaban un ejército de guerra, prolongación de las fuerzas que habían vencido en la Guerra Civil y gobernado con Franco entre 1936 y 1975. La paradoja es cómo evolucionaron las dos instituciones.

–¿Cuál sería la paradoja?

–La jerarquía de la Iglesia Católica, ya sin Tarancón, volvió a hacerse monolítica. Hoy es monolíticamente reaccionaria. Y el ejército, en cambio, no está en la batalla de reivindicación del franquismo que vemos hoy en otros sectores. Si no estaríamos oyendo ruido de sables.

–Y no los oyen.

–No, claro que no. No se escuchan desde febrero de 1981, cuando el mundo asistió a la imagen extraordinaria de Antonio Tejero, aquel personaje que entraba a tiro limpio en un Parlamento de Europa occidental.

–¿Cuáles son algunos de los signos visibles del monolitismo que usted atribuye a la jerarquía eclesiástica española?

–Su peso permanente, en buena medida en aumento durante el papado de Juan Pablo II, que ejerció una influencia de homogeneización. Por ejemplo, no quiso ni negociar en la cuestión del aborto.

–A pesar de que el Congreso la votó por mayoría.

–Exactamente.

–¿Los gobiernos democráticos atacaron a la cúpula de la Iglesia?

–No. Al contrario. Ni siquiera cortó los conciertos subsidiados en los colegios católicos. Tampoco cuestionó las beatificaciones de Juan Pablo II a figuras de la historia española.

–¿A quiénes beatificó?

–A mártires de la Guerra Civil. Pero ése no es el punto. El punto, en relación con su pregunta sobre la actitud de los gobiernos democráticos, es que ningún papa había realizado beatificaciones y canonizaciones antes, en vida de Franco. Todas ocurrieron de la transición en adelante, cuando paradójicamente se fueron muriendo todos los últimos exponentes de la cruzada franquista.

–¿Qué pasó con aquellos movimientos asamblearios dentro de la Iglesia?

–La jerarquía los fue asfixiando. Hay algunos restos. De vez en cuando alguno levanta la mano, pero no tienen espacio.

–En los años ’60 el Opus Dei actúa como fuerza modernizadora dentro del gobierno de Franco. ¿Qué ocurre después?

–Efectivamente es así. El Opus Dei ingresa al gobierno en 1957 y no lo deja hasta 1974. Controla el final del franquismo. Después abandona la política directa y no pesa en la transición democrática. Sin embargo, sigue pesando en sectores de poder y en miembros de la jerarquía, sobre todo con Juan Pablo II.

–La transición se basó, entre otras cosas, en no perseguir los crímenes del franquismo, ¿no es verdad?

–La administración del Estado franquista fue desmontada sin demasiados problemas. No se buscaron responsabilidades y no se buscó a la gente comprometida con el régimen. Salvo expresiones y atentados residuales, el proceso de transición se realizó sin grandes resistencias de grupos ultraderechistas desde dentro de la administración. Esta es la gran paradoja de la transición española: ni las fuerzas relacionadas de alguna manera con las víctimas del franquismo protestaron y exigieron que la transición fuese más allá, ni la ultraderecha, debilitada, pudo oponerse a la propia transición. Fue muy impresionante, por otra parte, el nivel de manejo y de dominio del ritmo político evidentes en los franquistas que aterrizaron en la transición, como el presidente de gobierno Adolfo Suárez.

–Y se produjo el destape.

–Pero a la vez siguió el miedo.

–¿Miedo a qué?

–No olvidemos que los españoles estuvieron educados durante muchos años en la cultura política del orden y la estabilidad. Temían los desórdenes y las protestas. Temían un nuevo trauma. Y los discursos que explotaron ese miedo fueron claves y calaron hondo en la sociedad. Pero tengamos en cuenta también una cosa importante: todos, incluso los sectores más reaccionarios, entendieron que la democracia traía beneficios. Era conveniente para todos.

–En los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica y decisiones como la del juez Garzón, ¿volvió el miedo?

–Es distinto. Sucede como si todo el mundo hubiera acordado en un momento que el pasado estaba directamente en el olvido. Y ahora todos se comportan como si les estuvieran cambiando un poco la historia. Pensaron que la habían superado y ahí está.

–¿Fue así?

–Lo fue a nivel masivo. No se trata de miedo a volver al pasado. Es el miedo a que les cambien la historia. El miedo se refiere no tanto a la Guerra Civil sino a la posguerra, a la dictadura, a la represión sistemática. Insisto: lo digo en términos masivos, porque la verdad es que los historiadores veníamos trabajando duro y con precisión en el estudio del franquismo e incluso de sus crímenes.

–¿Cómo juega en este proceso la intervención de Garzón?

–De hecho les dio una proyección masiva e internacional a los temas que los historiadores ya veníamos trabajando. Más allá de que un juez es un juez y un historiador tiene un oficio distinto, no es lo mismo para la visibilidad de un tema la intervención de un juez con prestigio internacional que el trabajo de un historiador capaz de vender, con suerte, 20 mil ejemplares de un libro. Con definiciones como la de Garzón estaba claro que a las instituciones en general no les iba a quedar más remedio que involucrarse.

–¿Para usted es positivo el proceso?

–Al principio, cuando comenzó a discutirse el tema de la Memoria Histórica, no había dudas de que era buena oportunidad de difundir el conocimiento. Siempre hay que saber. Es una forma más de evitar que el pasado traumático pueda volver en algunas de sus formas. Y habría sido bueno para recuperar una parte larga de la historia del siglo XX. Es inconcebible que no haya en España museos, memoriales, sitios donde reflexionar masivamente sobre lo que ocurrió. Cuando se pase la bronca política de hoy, ¿qué quedará? Habrá que reconstruir en los archivos, contribuir a la memoria, dar materiales para la educación. Y hay muchas discusiones pendientes. ¿Qué debe borrarse del pasado? Es obvio que no puede vivirse con todas las calles que se llamaban Generalísimo o Francisco Franco. Pero, ¿hay que sacar todo? Quitaron todas las placas de conmemoración del franquismo. ¿No había que dejar por lo menos una parte para que se entendiera el propio franquismo? Si no, se acaba borrando las memorias de los otros.

–Incluidas las víctimas.

–Incluidas. Y ya que habla de las víctimas, permítame aprovechar para aclarar algunas cosas para los lectores argentinos. Puede ser que se haya interpretado la decisión de Garzón de sentirse en condiciones de entender en los crímenes del franquismo como algo con una consecuencia directa: que Garzón iba a por los verdugos.

–Supongo que los verdugos, en su mayoría, murieron.

–Claro. Y otro punto es el de los desaparecidos. Hubo desaparecidos en la Guerra Civil y puede haber habido algunos después, pero ésa no fue la norma represiva del franquismo.

–¿Cómo reprimió Franco?

–Lo predominante no fueron las desapariciones al estilo de la represión argentina, porque Franco fusilaba. Por supuesto que los acusados no tuvieron un juicio justo, pero no hay mayores misterios. Los investigadores registramos los asesinatos. Conocemos sus nombres. Escribimos libros.

–¿Cuántos fueron?

–Por lo menos hay registrados 50 mil asesinados después de la Guerra Civil. Es una enormidad. Y la decisión de Garzón funcionó como un modo de hacer más visible ese tema. Lo atacan porque dicen que es un juez-estrella. Pero es su forma de que las cosas aparezcan en la superficie. Y, más allá de Garzón, una sociedad no puede vivir para siempre entre miles de muertes del pasado y en medio del silencio. Las muertes siempre merecen una retribución jurídica y política. Veremos cuál es, pero la merecen.


Madres y sindicalistas con Garzón
La de ayer fue la primera de una serie de movilizaciones que culminarán entre el 22 y el 24 de abril, cuando el Consejo General del Poder Judicial se reúna para decidir si suspende al juez. El auditorio quedó chico. Reacción del PP.
Por Oscar Guisoni

Personalidades de la izquierda, artistas, dirigentes de los principales sindicatos españoles y hasta una pequeña delegación de Madres de Plaza de Mayo estuvieron ayer presentes en un multitudinario acto en apoyo al juez Baltasar Garzón llevado a cabo en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Entre los discursos más aplaudidos se destacó el del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que acusó a los jueces que impulsan el proceso de ser “instrumentos de expresión del fascismo español” y de haber “estado en las altas esferas del régimen” franquista siendo “cómplices de sus torturas”. El célebre historiador inglés Ian Gibson, biógrafo de Federico García Lorca, afirmó que se trata de un “acto de cobardía que demuestra el miedo terrible a afrontar el genocidio”.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, calificó la movilización de “disparate” y “atentado a la democracia”. El acto mereció también la insólita condena del Consejo General del Poder Judicial, que se mostró preocupado y triste (sic) por las muestras de apoyo “sistemáticas” que recibe el juez procesado y pidió que se respete la independencia del Poder Judicial.

La de ayer fue la primera de una serie de movilizaciones que sacarán a la calle a la sociedad española y que culminarán entre el 22 y el 24 de abril, cuando el Consejo General del Poder Judicial se reúna para decidir si suspende temporalmente a Baltasar Garzón en sus funciones mientras dure el proceso, una medida que se consideraría una antesala de su condena. Algunas de estas marchas están siendo organizadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo en conjunto con organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos y otras que han surgido espontáneamente en las redes sociales en Internet.

Los organizadores del acto de ayer no se habían propuesto realizar una movilización masiva, aunque el Auditorio de la Facultad de Medicina quedó pequeño para los miles de manifestantes que se acercaron a expresar su apoyo a Garzón. Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores (UGT) pretendían más que nada reunir en torno de sí a figuras del mundo cultural, político y académico, cosa que lograron con creces. De hecho, en el emotivo acto de ayer estuvieron presentes figuras como el cineasta Pedro Almodóvar, que manifestó su estupefacción al manifestar a la salida del recinto: “Es inexplicable que los herederos ideológicos del franquismo puedan sentar en el banquillo a un juez. Me parece inadmisible. No sé si esto se llevará a cabo, pero me crea una sensación muy preocupante de hasta qué punto nuestra democracia es fácil e imperfecta”. También se encontraba en la tribuna el ex alcalde de Barcelona y presidente socialista del gobierno de Cataluña, Pasqual Maragall, un hombre que ha abandonado la política por sus problemas de salud pero que conserva una gran popularidad en España.

El centro de la atención lo ocupó, por la fuerza de su discurso y la importancia de su cargo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien afirmó que “las querellas interpuestas contra Garzón persiguen injustamente al juez por otras actuaciones judiciales, como la instrucción del caso Gürtel” y las calificó de “vergüenza histórica”. La participación activa de los sindicatos en defensa de Garzón llevó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a pronunciarse ayer en el marco de una entrevista concedida al canal de televisión TeleMadrid. En ella afirmó que “si estuviera afiliada a un sindicato, para mí sería una vergüenza que mis representantes se dedicaran a actuar contra la democracia de esta manera, tan absolutamente disparatada”. El ex coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, presente en el acto, respondió a Cospedal que se trataba de “un acto democrático y perfectamente lícito en defensa de la honestidad de un juez”. Más tarde, el actual líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, sugirió que el “PP tendría que estar dando ejemplo y haber condenado de una manera clara el franquismo en España”.

El acto se cerró con la lectura de un comunicado firmado por las personalidades y organizaciones presentes en el que se denuncia los impedimentos judiciales que el Tribunal Supremo impone al magistrado y que a juicio de los organizadores habrían hecho “imposible el proceso de Nuremberg contra los nazis”.


Presentan la querella contra el franquismo
Por Gabriel Morini    

A las 9.30 de hoy, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará la primera demanda que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal para investigar los crímenes del franquismo. A las 11, en conferencia de prensa, los abogados que representan a los damnificados, junto a varios organismos de derechos humanos y organizaciones sociales –que también se sumaron a la querella–, anunciarán qué juzgado salió sorteado para dar curso al trámite. El objetivo será destrabar la investigación iniciada hace un año y medio por el juez español Baltasar Garzón, hoy víctima del embate de sectores de la derecha de su país que buscan asegurar la impunidad del genocidio cometido por la dictadura de Francisco Franco.

“La primera petición será que se remitan las actuaciones que llevó a cabo Garzón”, afirmó a Página/12 Carlos Slepoy, uno de los abogados patrocinantes de la causa en Buenos Aires como una forma de respaldo a la investigación encabezada por el magistrado español. “El primer precedente sobre el principio de justicia universal está sentado por la Justicia española”, sostuvo el abogado en referencia a la “solidez” de los argumentos en los que se basa la demanda para que la Cámara Federal Nacional en lo Criminal y Correccional acepte dar curso al trámite. Beniuz Sczmukler y David Baigún, también patrocinantes, revelaron que invocarán el denominado “efecto devolutivo”, por el cual la Justicia estaría en condiciones de ahondar la investigación debido a que hechos similares cometidos en Argentina y Chile fueron investigados por Garzón. Bajo la invocación de la justicia universal, el magistrado español ordenó, por ejemplo, la detención del ex marino argentino Adolfo Scilingo, quien confesó los detalles de los “vuelos de la muerte”, y también ordenó la captura del dictador chileno Augusto Pinochet.

“También vamos a pedir los nombres de los ministros y de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los dirigentes de la Falange”, anticipó Slepoy a este diario. El puntapié inicial para la demanda será investigar las ejecuciones de Elías García Holgado, quien en 1936 era alcalde y diputado provincial en Salamanca, y de Severino Rivas, también alcalde, de la localidad de Castro de Rei, en Lugo. Aunque no será lo único en lo que se pida ahondar, ya que el período de la demanda abarca desde un día antes del alzamiento que lideró Francisco Franco hasta el día de las primeras elecciones democráticas después de la muerte del dictador. “Es factible que haya represores vivos”, aseguró Slepoy y que “muchos de ellos ejerzan hoy como dirigentes”, señaló. “Es innumerable la cantidad de personas que se están presentado”, informó el abogado sobre las denuncias por los crímenes del franquismo, al tiempo que anticipó que las cifras de más de 113 mil desapariciones y más de 30 mil bebés apropiados crecerán conforme se avance en las investigaciones.

Los abogados se encontraban delineando a última hora de ayer la lista final de organismos que participarán de la demanda: el Centro de Estudios Legales y Sociales fue el último en incorporarse. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Federación de Asociaciones Gallegas y la Asociación Memoria Histórica de España son sólo algunas de las organizaciones que respaldarán la presentación. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) también se incorporará como querellante en los próximos días.

Página 12. 14 de abril de 2010

Creado el 14/04/2010. Etiquetas: Sociedad

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